Peineta a Montesquieu

Hace unos años reuní en un programa de TVE a Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Sabina, amigos y residentes en Madrid. A la pregunta de si coincidían en algo más que en la tirria que el PP profesaba a ambos, respondió agudo y sarcástico Gallardón que no era verdad: «A Joaquín lo quieren mucho en el Partido Popular». Cabe preguntarse cuánto nos va a costar a nosotros y a la democracia española que el actual ministro de Justicia sea reconocido entre los suyos como uno más; qué digo, como el que más. De momento, los que le detestaban en sus filas no flaquean ni se ablandan, y los que le defendimos como representante de una derecha cosmopolita, centrada y dialogante estamos como los bancos: no damos crédito.

 

España tiene la maldición histórica de las contrarreformas. Desde hace siglos, a la mínima oportunidad se desmarca de Europa y se ensimisma en un mundo rancio que nos devuelve a la casilla de salida. Gallardón (junto a Wert, el de la religión evaluable en la escuela) es el ariete de esa vuelta al pasado con una nueva ley del aborto que no acaba de concretar, al parecer porque espanta incluso a los suyos. Pero eso no es todo. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra ya en el Senado y a pocos días de ser aprobada por el pleno, ha conseguido que jueces de todas las tendencias y asociaciones se pongan de acuerdo en algo: supone una intolerable injerencia política y un intento de control claro del poder judicial. Con el Ejecutivo y la mayoría absoluta del legislativo, solo faltaban los jueces en el Monopoly del poder. Y con el poder pasa, al parecer, como con el dinero: que nunca se tiene bastante. No es que Montesquieu esté enterrado, es que le han hecho una peineta estilo Bárcenas.

 

Acaba de celebrarse esta semana una reunión insólita de la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo, asustados por diversos aspectos de la reforma. «Espero que una cara sea la del ministro y otra la del PP, para que vuelva la cordura», dijo hace ya meses la portavoz de los jueces conservadores. De momento, gana Gallardón: apenas ha introducido unos retoques cosméticos en su proyecto invasivo para la justicia. Con las tasas consiguió que la pelmaza clase media dejase de litigar o buscar el amparo de los jueces. Ahora falta jibarizar el órgano de gobierno de la magistratura -se maneja mejor a cinco que a 21- y prohibirle hablar en los medios o hacer valoración alguna sobre los asuntos pendientes en los tribunales. También la ley orgánica del Poder Judicial intenta amedrentar a los medios de comunicación que no informen con veracidad sobre cuestiones pendientes en los tribunales. ¿Son veraces los papeles de Bárcenas, por ejemplo? ¿Dejamos de hablar de Gürtel hasta que haya veredicto?

 

Si consentimos que el poder judicial sea una sucursal del Ministerio de Justicia, asumamos que se acabará pronto la corrupción. El conocimiento público de la corrupción, quiero decir. Y, con suerte, hasta su castigo.

Julia Otero en Al Contrataque