Aunque suene irónico en estos tiempos de desconfianza ciudadana mayúscula hacia nuestras instituciones, los españoles creemos demasiado en el Estado. En la crítica feroz hacia la clase política que todos hacemos estos días subyacen unas expectativas muy altas sobre lo que nuestras administraciones son capaces de hacer. Da igual la ideología. Se da por descontado que, con los políticos adecuados, los recursos adecuados y las políticas adecuadas, el Estado será capaz de quitarnos de encima todo lo malo (pobreza, crimen, corrupción, fraude fiscal) y darnos todo lo bueno (crecimiento económico, educación, sanidad, vivienda, lo que queráis). Desde luego, el Estado es muy importante para el bienestar de cualquier sociedad, pero necesita la participación activa de los ciudadanos en aspectos clave. Esta involucración es la gran ausente en el debate actual sobre la "regeneración" de las instituciones en España. La creencia latente en el poder demiúrgico del Estado se nota en las propuestas para luchar contra la corrupción que se apremian a presentar todos los partidos. Ya sean unidades policiales, fiscalías o tribunales destinados a la lucha contra la corrupción, los sujetos de estas acciones son agentes públicos. La sociedad queda al margen.
Existe evidencia de que estas estrategias, si bien necesarias, no son suficientes. Hay, de hecho, una literatura especializada en por qué fracasan muchas iniciativas anti-corrupción. Ni que decir tiene que los políticos reformistas españoles andan demasiado ocupados en lanzar propuestas como para detenerse a leer esos trabajos. Los estudios muestran que la corrupción no se puede combatir sólo con legislaciones punitivas. Con estados que regulan cada vez más actividades humanas y manejan casi la mitad de la riqueza nacional, existen millares de decisiones públicas que pueden corromperse para beneficio de unos pocos. Las leyes, por muy detalladas que sean, no pueden prever "ex ante" todas estas instancias que pueden dar lugar a comportamientos inapropiados. Además, los potenciales corruptores, desde empresarios locales a multinacionales, son también cada día más poderosos.
El camino más acertado para minimizar —nunca se puede eliminar del todo— la corrupción pasa, en primer lugar, por reformas institucionales que introduzcan mecanismos de pesos y contrapesos dentro de las instituciones y así no haya que depender en exclusiva de la atención, siempre limitada, de los organismos auditores. Utilizando una famosa metáfora en ciencia política, la corrupción sería como el fuego: se detecta mejor con “alarmas de incendios” colocadas estratégicamente que desplegando costosas “patrullas policiales” por todo el territorio.
Además, es necesaria la implicación activa de la sociedad. La experiencia internacional ofrece dos fórmulas interesantes para incentivar esa participación. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el modelo John Wayne: el cazarrecompensas que entrega el criminal a la justicia a cambio de una parte del botín incautado. Es el sistema aplicado por las pragmáticas autoridades americanas cuando no controlan un territorio, ya fuera el Lejano Oeste en el pasado o los mercados financieros globalizados hoy día.
Conscientes de la dificultad creciente para detectar el crimen de cuello blanco, varios organismos públicos americanos están invirtiendo recursos en proteger, asesorar y dar recompensas a whistleblowers (en principio, no me gusta la traducción usual de 'delator' o 'chivato', por sus connotaciones peyorativas); es decir, individuos que revelan actividades delictivas o inapropiadas. Por ejemplo, la agencia reguladora del mercado de valores creó en 2011 la Oficina del Whistleblower con el objetivo de conseguir información sobre malas prácticas en grandes corporaciones antes de que puedan dar lugar a un nuevo desastre financiero. Asimismo, la agencia tributaria americana ofreció el año pasado una recompensa de 104 millones de dólares a un whistleblower a cambio de información que permitió recuperar una ingente cantidad de millones evadido a través de cuentas suizas.
Este modelo John Wayne no está en nuestra agenda política, algo increíble dados los casos de corrupción y fraude con los que nos levantamos cada día. Pero es que, además, el gobierno, con la amnistía fiscal, ha seguido más bien la filosofía opuesta para atraer dinero a las arcas públicas. La recompensa no va a los cazarrecompensas sino a los forajidos, que son los que se quedan con una parte (muy grande) del botín. En nuestra película no gana John Wayne. Ganan los malos. Un mensaje moralmente muy edificante.
Tenemos también un segundo modelo de implicación ciudadana en el control de lo público. En este caso no se trata de favorecer a los cazarrecompensas, sino a los cazadores de información como, por ejemplo, el periodismo de investigación. Como es propio de las sociedades del norte de Europa, lo llamaré modelo Salander, en honor a la entrometida hacker de las novelas de Stieg Larsson. Es bien sabido que los estados nórdicos son grandes y efectivos, pero ello es en parte posible gracias a una contribución ciudadana que se suele pasar por alto en la mayoría de análisis, ya que los científicos sociales tendemos a fijarnos, sobre todo, en la contribución vía impuestos. Me refiero a la existencia de un implícito contrato social por la transparencia. No sólo de las instituciones, sino de los individuos. Y no sólo de los que ocupan un puesto público, sino de todos los ciudadanos.
El modelo Salander, por ejemplo, permite tener acceso a las declaraciones de renta de todos los ciudadanos. Esto puede parecer una violación inadmisible de la privacidad, pero tiene lógica que nuestras contribuciones a la cosa pública sean públicas. Tenemos así un control social efectivo sobre defraudadores potenciales, que se lo pensarán dos veces antes de declarar una décima parte de sus ingresos si saben que cualquiera, un periodista o su vecino, puede observar la discrepancia entre sus actividades y sus impuestos.
Las sociedades verdaderamente transparentes no lo son porque sus organismos públicos se dediquen a volcar toneladas de información en su página web —por cierto, presentada por lo general de forma antiestética y usando una jerga ininteligible para el común de los mortales— que es lo que suelen hacer nuestras instituciones. Son transparentes porque hay un acceso rápido y sencillo a información clave, dando al periodista o al ciudadano un estatus de observador privilegiado de lo que ocurre en las administraciones públicas y en las relaciones de éstas con los ciudadanos. Por ejemplo, un cargo público tendrá cinco días para enseñar los movimientos de su tarjeta de crédito profesional al periodista que se lo pida. Dudo que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en estos momentos en tramitación parlamentaria, acabe adoptando esta visión de la transparencia. Sólo hace falta ver las lagunas del anteproyecto de ley agudamente detectadas por Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, en su página web. No parece que la ley vaya a facilitar mucho el periodismo de investigación en nuestro país.
Si queremos aumentar la calidad de nuestros gobiernos, los ciudadanos debemos estar dispuestos a contribuir. Ello acarrea sacrificios. El modelo Salander implica renunciar a una parte de nuestra privacidad y el modelo John Wayne requiere cabalgar en solitario por terrenos inhóspitos. Como subrayan los expertos, hay soledad, sudor y lágrimas detrás de cada valiente que denuncia una mala práctica de alguien de su entorno más cercano.
En resumen, toda política efectiva en la lucha contra el abuso de lo que es de todos necesita convertir a los ciudadanos en actores principales. Nuestros John Waynes y Salanders son las mejores “alarmas de incendios” contra la corrupción. Eso no quiere decir que no haya que invertir en “patrullas policiales”. Por ejemplo, nuestra administración tributaria necesita sin lugar a dudas una inversión notable en recursos humanos. Pero estos servidores públicos no van a poder sin nuestra ayuda. Es el momento de que les echemos una mano.
Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
Leído en: http://elpais.com/elpais/2013/01/25/opinion/1359108823_654152.html
