Esta semana la mayoría parlamentaria del PP ha convertido el primer pleno del Congreso en el 2014 en una patada en la espinilla de varios derechos fundamentales. Los aplausos, risas y satisfacción con que sus señorías han dado pasos firmes para eliminar la justicia universal y la libertad de decidir de las mujeres serían de asombro si retuviésemos aún esa capacidad. Todo en una sentada: una mala semana para la lírica democrática.
Sin un solo apoyo, con el rechazo en bloque del resto de partidos, la Cámara aprobó una proposición de ley para que los jueces españoles dejen de fisgonear en delitos cometidos fuera del territorio nacional. Una especie de ley de punto final con la que España envía el mensaje internacional de que los derechos humanos no van a estropearnos los negocios. Hasta ahí podíamos llegar. «¿Qué les ha prometido China a cambio de esta faena?», preguntó la diputada Irene Lozano, de UPD. «España se convierte en cómplice de la impunidad de los crímenes de guerra», añadió Jordi Jané, de CiU. Pese a odiar el comunismo, el PP ha sucumbido al primer bufido diplomático del gigante asiático ante la orden de detención contra cinco de sus exdirigentes. Ha bastado una insinuación («esperamos que en España se tomen seriamente nuestra preocupación») para que el Gobierno se precipitase en la redacción de una ley que se llevará por delante decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional. El caso del Tíbet -el que pisó el callo de Pekín- estaba en el filo de la competencia, es cierto, pero la celeridad y la sobreactuación gubernamental en la redacción de la nueva ley crearán espacios de impunidad en crímenes como el tráfico de personas, el narcotráfico, el terrorismo islamista, las ablaciones… Lo que ocurra fuera de España nos va a importar jurídicamente un pimiento.
Es más, si ese narco o ese mafioso compran un piso aquí, les regalamos el permiso de residencia. Bussiness, ya saben. Ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes define determinada catadura moral.
Los orígenes de la justicia internacional aparecen tras la segunda guerra mundial con la creación del Tribunal de Núremberg. Desde la década de los 80 se extendió a causas relacionadas con los derechos humanos básicos y a la persecución de los criminales cuando salían de su territorio. Pero hoy Pinochet no pasaría por el trance de su arresto en Londres, hecho que nos colocó en la vanguardia de la justicia internacional.
Se acaba el espacio de esta columna y no les he hablado del otro gran regocijo del pleno del Congreso: el de Gallardón y su contrarreforma del aborto. En la disciplina de voto quedó demostrado que no es él, son todos, por más que Rajoy nunca esté en España cuando sale el tema. Muy curioso. En fin, volvemos a toda velocidad al lugar del que creímos haber escapado para siempre.
Al Contrataque de Julia Otero para El Periódico
