No es la primera vez que ante una crisis el Gobierno tiene
que relegar al ministro del ramo tras un aluvión de críticas. Lo ha hecho
Mariano Rajoy con Ana Mato en la crisis del ébola y ya lo hizo cuando él era
número dos de José María Aznar y recibió el encargo de crear un comité especial
por las vacas locas —Celia Villalobos, de Sanidad, y Miguel Arias Cañete, de
Agricultura, se quedaron fuera—. La experiencia de los últimos años muestra que
muy pocos políticos han sabido dominar el reflejo de esquivar responsabilidades
y culpar al último eslabón de la cadena (la auxiliar de enfermería, el
maquinista del Alvia, el patrón del Prestige...) y que la mayoría minimiza el
problema, lo que casi siempre acaba agravándolo. Este es un repaso a los
patrones de improvisación, frivolidad u opacidad que se repiten. Las lecciones
no aprendidas.
La colza y el “bichito”. El 27 de abril de 1981, Jaime
Vaquero, de ocho años, murió en Torrejón de Ardoz (Madrid). Fue la primera
víctima del aceite de colza, es decir, de un envenenamiento masivo causado por
la venta sin ningún control de aceite adulterado con anilinas para uso
industrial. La mezcla causó la muerte de más de 600 personas y terribles
secuelas a casi 25.000. El Gobierno, volcado en minimizar la crisis —“Es un
bichito que si se cae de la mesa se mata”; “Estamos ante un problema
importante, pero no grave”, decía el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, de
UCD—, tardó casi dos meses en averiguar el origen de la epidemia.
La falta de información del ministerio desató todo tipo de
teorías: la enfermedad del legionario, neumonía atípica, tomates tratados con
pesticidas y hasta experimentos con armas químicas en la base estadounidense de
Torrejón de Ardoz —que la Embajada tuvo que desmentir—. Fue, finalmente, un
pediatra de Madrid, Juan Manuel Tabuenca Oliver, quien ligó el aceite a la
epidemia. Las autoridades sanitarias no le habían hecho mucho caso.
En el juicio, los abogados de los aceiteros utilizaron esas
teorías para tratar de exculpar a sus clientes —desde los pesticidas hasta la
guerra química—, pero finalmente 13 de ellos fueron condenados a penas de entre
seis meses y 20 años de prisión en 1989. En 1995 se inició el denominado
“juicio de los altos cargos” y en 1997, 16 años después, el Supremo condenó a
dos funcionarios por imprudencia temeraria y al Estado a asumir las
indemnizaciones a las víctimas. El pago se demoró, en algún caso, más de dos
décadas.
Vacas locas: esa “cosita”. El 16 de octubre de 2000 el
Gobierno de Aznar aseguró que España estaba a salvo de las vacas locas. Elvira,
la primera res afectada, había sido sacrificada hacía mes y medio en Galicia,
pero el Ejecutivo no lo confirmó hasta 98 días después, cuando ya había
aparecido un segundo caso. Para entonces, la Unión Europea llevaba meses
alertando del “alto riesgo” que corría España. El ministro de Agricultura,
Arias Cañete, los llamó “irresponsables y alarmistas”.
La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, se dirigió “a las
amas de casa” para pedirles que no echaran “huesos de vaca” en el caldo,
“aunque ya no se vendan”. Sí se vendían, porque no se habían prohibido. Cañete
sugirió exportar al tercer mundo las harinas cárnicas que habían sido
prohibidas por su relación con las vacas locas y Aznar minimizó la crisis
calificándola de “cosita”. La Xunta arrojó a una mina a cielo abierto cientos
de reses muertas. El entierro ilegal de vacas provocó la indignación de los
vecinos y la contaminación de dos ríos. El Seprona presentó una denuncia por un
delito contra los recursos naturales. “Nadie está obligado a hacer imposibles”,
se justificó el presidente gallego, Manuel Fraga.
Más de tres meses y medio después de la muerte de la primera
vaca loca en España y con ocho casos confirmados, el Gobierno creó un comité de
crisis y puso a Rajoy al frente. Este prescindió de Villalobos y Cañete y
nombró secretario del comité a Quintiliano Pérez, que dimitió solo 48 horas
después al destaparse que tenía intereses en el sector porcino y era consejero
de la empresa que arrojó cientos de vacas muertas a la mina abierta en A
Coruña.
En abril de 2001, los países de la UE estaban en disposición
de generalizar las pruebas de las vacas locas a las reses adultas. Todos salvo
España, que durante cuatro años se había opuesto al plan europeo para endurecer
los controles.
El ‘Prestige’ y los "hilitos de plastilina". Fue
la mayor tragedia medioambiental de la historia de España, pese a la
obstinación del Gobierno en minimizar las consecuencias del hundimiento de un
petrolero con 77.000 toneladas de crudo frente a la costa gallega en noviembre
de 2002. “Todo apunta a que el combustible se va a solidificar en el fondo del
mar y no va a haber ningún vertido más” (Mariano Rajoy). “La rápida
intervención de las autoridades alejando el barco ha permitido que no temamos
una catástrofe ecológica” (Cañete). “Seguro que si me tiro aquí cojo un
catarro, me mancho y aparto la marea. Todo se va a resolver” (Fraga); “No hay
ningún peligro de que la marea alcance las rías bajas”; “Salen unos pequeños
hilitos (...) con aspecto de plastilina”; Y finalmente: “Habremos tenido muchas
equivocaciones, como es evidente. Pero se ha trabajado con la mayor intensidad”
(Rajoy).
Aznar volvió a poner a su vicepresidente al frente de la
crisis. El ministro de Defensa, Federico Trillo, propuso “bombardear” el barco
y tardó tres semanas en enviar al Ejército a limpiar la costa, cuando cientos
de marineros llevaban días hundiéndose en chapapote.
La gripe A. Ana Mato pide la dimisión de Chacón. En abril de
2009 la Organización Mundial de la Salud elevó a 5 (sobre 6) el nivel de alerta
por pandemia de gripe A. En mayo, más de 500 militares de la academia de
ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares fueron recluidos por un brote, y
nadie impidió que más de un centenar de alumnos de quinto y sexto de primaria
visitara la academia. Ninguno se contagió. Ana Mato, entonces en la oposición, exigió
la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón: “La política es la
obligación de intentar impedir que la enfermedad se propague y ellos no lo han
hecho. Me parece gravísimo”, dijo.
El accidente de tren y el error humano. La gestión de la tragedia del
descarrilamiento del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013
empezó con mal pie. El comunicado para transmitir el “más sentido pésame” de
Rajoy a los familiares de las víctimas del accidente incluyó por error párrafos
con las “más sinceras condolencias” a las víctimas del terremoto de Gansu
(China).
La culpa del siniestro recayó enseguida en el maquinista,
Francisco José Garzón, que tomó a 200 kilómetros una curva por la que debía ir
a 80. Pero un año después fueron imputados 12 exdirectivos de Adif que, según
el juez, debían haber previsto el error humano. Tras el terrible accidente, en
el que murieron 79 personas, Fomento ha mejorado las señales y la supervisión
del conductor para controlar el factor humano.
Ébola. Burlas y desinformación. La rueda de prensa para
informar del contagio de ébola de Teresa Romero duró 21 minutos y Ana Mato
apenas habló. Se descubrió después que Romero llevaba una semana con síntomas,
que el teléfono al que debía llamar solo funcionaba de 8 a 15 horas, que la
ambulancia que la llevó al hospital trasladó a otros siete pacientes... El
consejero de Sanidad de Madrid acusó a la enfermera de mentir y se burló de su
capacidad para ponerse el traje de protección, para lo que solo recibió un
curso de 30 minutos, diez menos de lo que se tarda en quitárselo con sumo
cuidado para no contaminarse. Su perro, Excálibur, ha sido sacrificado porque
no hay instalaciones adecuadas para él. En Estados Unidos, las autoridades han
salvado a la mascota de la infectada en Dallas.
FE DE ERRORES
Los 12 exdirectivos de Adif mencionados en el texto fueron desimputados
por la Audiencia de A Coruña el pasado 8 de octubre.
Natalia Junquera para ElPaís.com
El 9 de octubre publiqué en Facebook el siguiente texto: "La asociación Plataforma Víctimas Alvia protestó contra el nombramiento de Rafael Catalá como sustituto de Alberto Ruiz-Gallardón, porque Catalá era una persona con responsabilidades políticas directas en el accidente, ya que ocupaba el puesto de secretario de Estado de Infraestructuras cuando se realizaron cambios técnicos, sin análisis previo, que mermaron la seguridad de la línea AVE Ourense-Santiago.
Hoy se ha sabido que el maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif, informaron fuentes judiciales.
¡Qué casualidad! Nada más nombrarle Ministro ya solo está imputado el conductor. ¿A que esto huele muy mal?"
Hoy se ha sabido que el maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif, informaron fuentes judiciales.
¡Qué casualidad! Nada más nombrarle Ministro ya solo está imputado el conductor. ¿A que esto huele muy mal?"
