“¿Por qué prejuzgamos que los médicos pagados por una empresa privada son peores? Por eso ha fracasado el discurso de la izquierda”. Palabras de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Un discurso tramposo: no se trata de que el ciudadano sostenga que un médico de la pública es mejor; lo que defiende el ciudadano es una sanidad que le ha hecho sentirse más protegido en un público que en un privado cuando acude al hospital en un estado crítico. El ciudadano desea seguir teniendo derecho a una atención que no se convierta en negocio, y entregar un hospital a manos privadas no es dejárselo a una organización sin ánimo de lucro, obviamente. El ciudadano sabe que en la medicina pública no se han escatimado, hasta ahora, pruebas que un médico estimara pertinentes y teme que la racionalización de la sanidad se traduzca en recortes en la asistencia. El ciudadano reconoce que los hospitales públicos son destartalados y acumulativos, pero también sabe de esas ambulancias procedentes de clínicas privadas que, aun con un grado de confortabilidad mayor, carecen de medios o de personal adecuado para afrontar ciertos delicados asuntos. El ciudadano entiende que los gastos sanitarios se racionalicen, pero también se pregunta por qué esa racionalización no puede efectuarse desde la misma Administración y por qué no se consulta al personal que conoce el funcionamiento de un hospital público por vivirlo trabajando y sorteando sus cotidianas dificultades. El ciudadano sabe lo que significa optimizar recursos. Palabras positivas que esconden un objetivo perseguido desde hace años: hacer de la salud un negocio. Seis hospitales más quedan en manos privadas y otro, el de la Princesa , pierde su razón de ser. ¿Cuántos puestos de trabajo se perderán en esta operación? Que nos lo cuente el presidente dentro de un año. O antes.
Elvira Lindo para El País.
