La Ley de Seguridad Ciudadana ya ha pasado su trámite
parlamentario en el Congreso y se encamina al Senado. Con toda la oposición y
la sociedad civil en contra, la mayoría absoluta del PP ha vuelto a hacer de
las suyas y ha aprobado la conocida como Ley Mordaza.
Desde que salió del Consejo de Ministros en noviembre de
2013, el texto de la norma se ha ido suavizando para eliminar artículos que,
como señaló el Consejo General del Poder Judicial, tenían "tachas de
inconstitucionalidad".
Se mantienen otros igualmente controvertidos, como la
posibilidad de multar con hasta 600.000 euros a los organizadores o promotores
de reuniones o manifestaciones no comunicadas en "instalaciones en las que
se prestan servicios básicos a la comunidad". Una definición tan amplia
que puede abarcar desde una protesta en un hospital o en la Universidad, hasta
una manifestación frente al Congreso.
Al final sale más barato gestionar mal los análisis clínicos
de seis hospitales, provocar fallos y retrasos, y ganarte quejas de sus médicos
-90.000 euros de multa que te puede acabar perdonando tu excompañero, el
presidente de la Comunidad de Madrid, como en el caso de las empresas del
exconsejero Güemes-, que defender el derecho a la sanidad pública y universal
en tu centro de trabajo.
Estas son otras nueve comparaciones que ilustran la
desproporción de algunas de las infracciones previstas en la norma:
1.- Protestar ante un juzgado y pagar más que la infanta
Si se te ocurre, por ejemplo, convocar una manifestación
porque consideras que la Fiscalía ha sido suave con la infanta Cristina por su
presunta implicación en el caso Nóos al eximirle de responsabilidades penales.
Y decides protestar a las puertas del Juzgado de Palma sin comunicárselo a las
autoridades -como es tu derecho, según la Constitución-, te enfrentas a multas
de hasta 600.000 euros, si se considera la administración de Justicia como
"servicio básico a la comunidad". Al final podrías acabar pagando más
que la hermana del rey, a la que el Fiscal le reclama una multa de 587.413
euros por considerarla responsable civil a título lucrativo por haberse
beneficiado de los negocios fraudulentos de su marido.
2.- Rodear el Congreso, más caro que conducir borracho
Protestar frente al Congreso, aunque no esté reunido, puede
costarle a los convocantes entre 601 y 30.000 euros. Que un diputado conduzca
en la vía pública en zigzag y cambie de carril sin ninguna señalización, y
según el juez, incurra en un delito de conducción bajo los efectos del alcohol,
se salda con ocho meses sin carnet y 720 euros de multa.
3.- La resistencia pacífica cuesta 30.000 euros
Hacer una sentada como protesta y decir "de aquí no me
muevo", por mucho que sigas los preceptos de Gandhi y lo hagas
pacíficamente, te puede costar hasta 30.000 euros, porque el Gobierno lo
considera una falta grave. Si un policía arrastra por el suelo al ciudadano que
se resiste, incluso aunque se le escape algún porrazo, le haga una brecha o le
disloque el hombro, si llega a sentarse en el banquillo es probable que se
levante sin multa ni condena. Eso si llega.
4.- Parar un desahucio 30.000, pegar a un activista, 300
Son un fenómeno nuevo en España, pero los escraches ya han
conseguido poner nerviosos a políticos y bancos, y el Gobierno, raudo y veloz,
los ha incluido junto a los desahucios en la Ley Mordaza. Serán faltas graves,
multadas con hasta 30.000 euros, por muy pacíficos que sean. A la policía, sin
embargo, le sale mucho más barato desalojar con violencia a los activistas que
impiden que echen familias a la calle. Una jueza condenó a un agente que había
agredido a dos activistas antidesahucios a pagarles una indemnización de 480
euros y le puso una multa de 300 euros por cada uno.
5.- Apuntar con láser VS disparar balas de gomas
La "proyección de haces de luz" sobre pilotos o
conductores se considera infracción muy grave. Los manifestantes egipcios que
estaban en la plaza Tahrir, en El Cairo, donde usaron láseres para enviar
mensajes al expresidente Morsi- tendrían que pagar 600.000 euros por cabeza por
cada uno de los puntos con los que apuntan al helicóptero si estuviesen en
España. Mientras, las Fuerzas de Seguridad siguen disparando balas de goma a
los ciudadanos, a pesar de que la Comisión Europea las condena y han causado
muertes o heridas graves como las de Esther Quintana. Esta mujer ha visto cómo
su caso se archivaba dos veces, hasta que un juez, desoyendo al consejero de
Interior de la Generalitat, que negaba que hubiesen sido los mossos, ha
decidido investigar el caso y de momento ha puesto a dos agentes 200.000 euros
de fianza.
6.- Grabar o fotografiar a la policía son 30.000 euros
Estas dos imágenes son de la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid. La visita del papa de agosto de 2011 terminó con varias noches de
disturbios y violencia policial. Fotógrafos y ciudadanos registraron algunos de
esos momentos. Como cuando la policía la emprende a golpes con una menor de 16
años, y de paso, con el fotógrafo que está al lado y ha inmortalizado la
agresión. O los porrazos gratuitos a los viandantes que abandonan andando la
Puerta del Sol. Grabar o fotografiar a la policía ahora no es garantía de que
respondan por sus actos: se absolvió a dos de los tres identificados aquella
noche, y dos años después la jueza dijo que la agresión del tercero había
prescrito, aunque en octubre de este año se ha reabierto el juicio. Con la
nueva ley grabar o fotografiar a policías y difundir las imágenes se
considerará falta grave, multada con hasta 30.000 euros. Y cuidado con decir
algo que pueda ser interpretado como una "falta de respeto", porque
cuesta hasta 600 euros más.
7.- Un porro, más caro que un accidente mortal
Llevar una china en
el bolsillo, incluso si te la vas a fumar en casa, te puede salir por 30.000
euros porque la nueva ley considera el consumo o tenencia de drogas, la
plantación y cultivo, aunque sea para consumo propio, una falta grave. A una
señora en Galicia, por retrasos judiciales, le salió por 8.200 euros la multa
por provocar un accidente mortal tras conducir bebida.
8.- Espectáculos públicos frente a un delito de cohecho
Celebrar espectáculos públicos prohibidos o suspendidos es
considerado falta muy grave, penada con hasta 600.000 euros. La misma multa que
les cayó a tres de los implicados en el caso Mercasevilla, condenados por un
delito de cohecho por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000
euros.
9.- Protestar en una infraestructura o dejar construir una
ilegal
La intrusión en infraestructuras o instalaciones -incluyendo
su sobrevuelo-, una de las formas típicas de protesta pacífica de
organizaciones ecologistas como Greenpeace, será castigado con una multa de
entre 601 y 30.000 euros. En cambio, el castigo al exalcalde de Andratx
-envuelto en un caso de corrupción urbanística- por una falsedad documental que
permitió construir un chalet en un área protegida fue una multa de 6.480 euros.
EL HUFFINGTON POST | Por Gloria Rodríguez
