Árbol frondoso del paisaje político español que ha aguantado de pie, robusto, bien enraizado en la tierra, instauraciones y caídas de regímenes políticos, que ha sobrevivido a monarquías oligárquicas, dictaduras militares, democracias parlamentarias, la corrupción nunca ha sido percibida por la opinión pública como uno de los problemas centrales de nuestro sistema político. Desde que existen series de datos, no llegan a tres de cada cien los españoles que sitúan la corrupción entre sus principales preocupaciones. Lo curioso es que nunca han bajado del 75% los que opinan que en España existe mucha o bastante corrupción: casi todo el mundo cree que hay mucha corrupción, a casi nadie le importa.
De modo que no es por ausencia de percepción del problema, sino por una desmoralización generalizada, herencia del dominio secular de la moral pública católica, por lo que la corrupción no paga tributo a la hora de las elecciones: en la Comunidad Valenciana , la masiva percepción de la trama Gürtel como paradigma de corrupción no restó ni un voto al amigo del alma de uno de sus principales cabecillas, a quien impúdicamente había confesado cuánto le quería. Más aún, un juzgado popular lo absolvió y el tipo anda diciendo por ahí que gracias a la oración ha salido del trance más preparado que nunca para ejercer la presidencia no ya de la Generalitat sino del Gobierno.
Todo esto se refiere a la cultura política de la sociedad y a la conducta de su clase política: a tal cultura, tales prácticas: tonto el que, si tiene una ocasión, no la aprovecha, algo que también ha debido de pensar este miembro de la Casa Real que ostenta todavía el ducado de Palma. Así nos ha ido en las últimas décadas: los casos en que algún corrupto ha caído en las redes de la justicia se cuentan con los dedos de la mano. Mala suerte para los caídos, pero por cada uno de estos, nadie sabe el número de los que se han construido un chalet con el sueldo de concejal, o de alcalde, o de presidente de la Comunidad. La opinión general es que menos de 5% de los cargos públicos han quedado al margen de algún caso de corrupción.
Estamos, pues, ante uno de esos problemas, hoy llamados transversales, que afectan a la cultura popular, a la conducta de nuestra clase política y a nuestro sistema institucional, desde los Ayuntamientos a la Casa Real pasando por las Comunidades Autónomas, los partidos políticos y los gobiernos del Estado; uno de esos problemas, pues, que sumerge a quien lo contempla en cierto pesimismo antropológico: aquí no ser corrupto es hacer el primo.
¿Es posible acabar con esto? Seguramente sí. Por lo pronto, parece que la opinión comienza a despertar: en el barómetro de enero publicado por el CIS saltaba al 12% el número de ciudadanos que situaba la corrupción entre nuestros tres principales problemas. Poco es, pero, en fin, quizá esta incipiente preocupación, empujada por todo lo que la recesión económica está desvelando, mueva a los partidos a establecer mecanismos de control interno y a los gobiernos a reforzar la independencia de la administración en la lucha contra sobornos, fraudes, malversaciones y demás.
Porque bastaría que entrara la luz en las cuentas de los partidos, que todos los contratos con dinero público pasaran por el control de una administración profesional y a salvo de nepotismos y clientelismos políticos, y que las sospechas de prácticas corruptas fueran denunciadas, para que esta plaga comenzara a remitir. En Sevilla, por ejemplo, ¿cómo es posible que un chófer y su jefe, que parecen sacados del círculo íntimo de los Soprano, hayan podido malversar dinero público a espuertas sin que nadie del partido, nadie de la administración, nadie del gobierno haya hecho sonar todos los timbres de alarma?
La instrucción y la sentencia de los jueces de Baleares en el primer caso Matas son como agua de mayo en este páramo moral en que se ha convertido el sistema de la política en España. Pero no serán suficientes si la opinión no se moviliza, los partidos no actúan, las administraciones no se profesionalizan a resguardo de los vaivenes políticos, y los gobiernos no persiguen las prácticas corruptas. Y a este respecto, no deja de producir sonrojo que el gobierno de Rajoy, tras destituir a cinco jefes de inspección, haya elevado a Pilar Valiente, citada un día sí y otro también en el dietario de la presidenta de Gescartera, a directora adjunta de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude.
Artículo de Santos Juliá: http://politica.elpais.com/politica/2012/03/22/actualidad/1332433916_963424.html
