Para
una conciencia normal ya no se PUEDE soportar vivir en la atmósfera
irrespirable que invade todos los ámbitos de la vida pública española. La
incompetencia más absoluta de los llamados a resolver los problemas de la
nación, como hemos visto en la desastrosa
gestión –al borde del delito contra la salud pública– del primer caso de ébola,
la ineficacia del ESTADO en todos sus niveles, la mentira como forma de
gobierno y los mares de nepotismo y corrupción no son más que fenómenos
consecuentes a la degeneración moral que ideó y cristalizó la “fórmula
política” imperante en España desde la Transición. La NUEVA clase política nos
impuso un régimen oligárquico de partidos, llamado cínicamente democracia, donde
el pueblo no puede elegir ni a sus representantes ni a su presidente, y donde
además el poder judicial depende absolutamente del poder ejecutivo.
Semejante
barbaridad constitucional no habría podido realizarse sino a través de un golpe
de gobierno que impuso a los españoles una Constitución sin libertad
constituyente. El Poder estatal se dividió en 17 feudos territoriales
contrarios a la realidad histórica y cultural de la Nación, lo que ha conducido
directamente a la ruina moral y económica de España y a la corrupción
sistemática en todos los ámbitos públicos. Sin ESTE reparto territorial del
poder político no habrían sido ni tan fáciles ni tan impunes el desgobierno y
la disolución moral del propio concepto histórico de España. El separatismo
catalán es una creación directa del sistema autonómico combinado con un sistema
electoral concebido en beneficio de las minorías políticas nacionalistas.
No
se PUEDE dejar por más tiempo el país en manos de tal cuadrilla de corruptos e
insolventes. ¿Cómo es posible, en el caso del ébola, que el personal sanitario
militar, que tiene experiencia en NBQ (nuclear, bacteriológico, químico) con
amplio entrenamiento dentro y fuera de España y con equipos adecuados, haya
sido apartado por los ineptos políticos al frente de la Sanidad de Madrid, apoyados
por el Gobierno? Si la enfermera, que sin entrenamiento y sin medios adecuados -traje
nivel II y no IV como TIENE el PERSONAL NBQ- muere o hay más contagios, este
Gobierno de insensatos debería pagar por ello. La necesidad de una acción
colectiva que cambie radicalmente el rumbo de la sociedad política y del ESTADO,
y que siente las bases éticas, culturales y jurídicas de unas nuevas reglas del
juego político basadas en la decisión democrática de la sociedad gobernada, se
ha hecho ya patente hasta en las mentalidades más conservadoras.
El
Estado de saqueo: licencia para robar
La
Transición en España de un régimen autoritario a otro de libertades
individuales pero sin control del poder fue completamente diferente al paso de
la dictadura a la democracia de los países del Este. Mientras en el primero la
democracia nos fue hurtada por una oligarquía de partidos, sin separación de
poderes ni representación de los votantes y una división de la nación en feudos
administrativos con licencia para robar, en los segundos la transición fue
diseñada por las burocracias exsoviéticas, donde la última generación de
burócratas se alió con la primera generación adjudicataria de los monopolios
estatales.
En
España fue justo lo contrario: se creó una nueva burocracia que tomó al asalto
todos los activos públicos en su propio beneficio y monopolizó el poder en los
feudos territoriales, lo que permitió la acción continuada del expolio de la
riqueza. Ejemplo, el del clan Pujol. Hasta ese extremo no han podido llegar ni
siquiera los oligarcas del Este. No hay ni puede haber un Pujol en Rusia, como
tampoco un Chaves o un Griñán. En una democracia verdadera, es decir, en un
sistema presidencialista de gobierno con una asamblea de diputados
representativos de los electores que los han elegido, sería más que imposible, inimaginable,
que la vida política llegara al grado de degradación alcanzado en España. Otra
consecuencia inevitable del reparto territorial es la ausencia de todo criterio
de valía profesional. La competencia y la profesionalidad son inversamente
proporcionales al número de centros de poder.
Un
ejemplo de lo hasta ahora descrito lo tenemos en las tarjetas opacas de Bankia,
una minúscula porción de lo ocurrido no ya en esa entidad, sino en la mayor
parte de las 50 cajas de ahorro de españolas existentes hasta hace muy poco. Hasta
la Transición, el sistema español de cajas de ahorro, con más de 150 años de
historia, había sido un sistema modélico de banca pública donde los más
modestos y humildes ahorradores del país habían depositado sus ahorros y
encontrado financiación durante generaciones. Cumplían una función económica y
social verdaderamente notable, y estaban gestionadas por excelentes
profesionales.
Fue
la Ley de Cajas de Ahorro 31/1985 la que metió a los partidos políticos, a los
sindicatos y a la patronal en los consejos de administración, desde donde
iniciaron el asalto a los puestos ejecutivos. Los gestores profesionales fueron
expulsados o arrinconados, y una pléyade de ineptos y saqueadores procedentes
de partidos y sindicatos con licencia para robar se hicieron cargo de estas
instituciones, que tan bien habían servido a las capas más humildes y
desfavorecidas de la población durante siglo y medio. Estos desalmados del PP, del
PSOE o de los partidos nacionalistas como también de los sindicatos de clase
–comunistas y socialistas– utilizaron los recursos económicos de las entidades
en su propio provecho y el de los partidos y sindicatos que los habían nombrado.
Financiaron
inversiones disparatadas en beneficio propio y de los partidos, dieron créditos
ventajosos a amigos o previo pago de sustanciosas comisiones por debajo de la
mesa, y se entregarían al despilfarro y el saqueo más absolutos en las empresas
participadas. Hablando con propiedad, los verdaderos culpables de los crímenes
financieros cometidos a través de las cajas de ahorro son los políticos, que
lograron promulgar una ley para el expolio de las cajas de ahorro en beneficio
de la clase dominante. El antiguo ahorro
popular que representaba el 53% del ahorro nacional está hoy en la banca
privada, que ha doblado así sus pasivos. Esa ha sido la misión de los partidos
y sindicatos corruptos a cambio de lucrarse y lograr altos puestos ejecutivos
en esa banca privada. Ejemplo: caso Rato.
Y
cuando acabaron con los recursos de las entidades, pasaron a los pequeños
ahorradores, a los que engañaron con la colaboración del Banco de España y de
la CNMV para que invirtieran los ahorros de toda la vida en unas cosas llamadas
preferentes, que, con el señuelo de una mayor rentabilidad, los llevaría a la
pérdida a veces total de sus ahorros. Nadie entre estos saqueadores ha tenido
que responder de nada. El rescate de bancos y cajas nos ha costado ya más de 300.000
millones de euros entre dinero efectivo, préstamo de Bruselas, esquema de “protección”
de activos, Sareb –comprando activos inmobiliarios al doble de su precio de
mercado–, avales, etc. De ellos, según el FMI, casi la mitad serán
irrecuperables. De momento, el dinero perdido por los contribuyentes supera los
50.000 millones, a pesar de que el ministro De Guindos asegurara solemnemente
que el rescate no costaría un euro a los españoles.
Pero
el tema es mucho peor que el saqueo: es la impunidad y la protección otorgada
por el Gobierno a estos delincuentes comunes. El FROB, que tiene todos los
datos, al igual que la Inspección del Banco de España, prometió hace un año que
investigaría todos estos asuntos para descubrir quiénes se habían enriquecido, y
sin embargo ha suspendido todas sus actuaciones. Alguien desde el Gobierno, de
acuerdo sin duda con la oposición, ha paralizado las investigaciones, que no se
limitan a los 87 salteadores de Caja Madrid –todos los cuales saldrán impunes–,
sino de las 50 cajas. Podemos estimar en más de 4.000 los políticos, sindicalistas
y sus secuaces que han estado robando impunemente dinero público.
Guindos
acaba de afirmar: “Estoy convencido de que lo ocurrido en Caja Madrid es un
caso singular”. ¡Pero cómo osa! No tiene ni vergüenza ni perdón. Es una
degeneración tan colosal que necesita para mantenerse la corrupción
institucional y personal en todos los centros donde han de resolverse las
cuestiones públicas. En el caso concreto de Caja Madrid, una cúpula directiva
de delincuentes compraba voluntades y silencios de consejeros, sindicalistas y
políticos que contabilizaban como “quebrantos por errores informáticos”. Con 15
millones han conseguido un expolio de 23.000. Y los responsables ni siquiera
están imputados. En otro país europeo, Blesa, Rato y otros estarían en la
cárcel, junto con Pujol y Bárcenas.
El
20 de septiembre del pasado año, Soraya Sáenz de Santamaría anunció
solemnemente, con el impávido triunfalismo que la caracteriza, la puesta en
marcha de un proyecto de “regeneración democrática” donde la utilización de
tarjetas de crédito por altos cargos, concejales y demás hermanos mártires se
restringía drásticamente. A día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada, pero
a doña Soraya no se le ha caído la cara de vergüenza, y CONTINÚAimperturbable
prometiendo regeneraciones en un régimen de poder irregenerable. Montoro, por
su parte, ordena a la Agencia Tributaria que investigue a las empresas privadas
del Ibex, pero ¿por qué excluye a los nidos de corruptos (cajas rescatadas, empresas
públicas y políticos y sindicalistas con mando)?
La
degeneración del Estado: la Ley 30/1984
La
Ley de la Función Pública de 1984 completa este cuadro normativo de la
corrupción. Eliminó el sistema de selección basado en los principios de mérito
y capacidad y lo sustituyó por los nombramientos a dedo, lo que nos ha llevado
de tener una de la Administraciones Públicas mejor organizada de Europa a la
más ineficiente y voluminosa de los países desarrollados. La ignorancia y la
falta de preparación es algo que alcanza ya límites de escándalo. ¿Cómo es
posible, si no, que la señora Mato sea la ministra de Sanidad de España? ¿Qué
compromisos inconfesables existen entre el pusilánime Rajoy con esta
incompetente ministra, que ni siquiera sabe el origen del lujoso automóvil que
tiene su marido en el garaje de su casa ni conoce quién paga las costosas
fiestas de su hijo? Algún secreto debe ligar al presidente con la ministra
cuando la pone en ridículo despreciándola públicamente y, sin embargo, no la
cesa.
Después
de cada proceso electoral desde principios de los 80, los nuevos mandamases
nombran a familiares, amigos y gentes de su partido y quitan a los funcionarios
de carrera competentes, y además los someten a todo tipo de humillaciones y
acoso laboral hasta límites inimaginables. Los primeros son casi dos millones. Un
cáncer que ha destruido económica y moralmente a la nación. No se exige ninguna
condición especial ni conocimiento para ser empleado público. “A la hora de
reclutar personal, el objetivo principal no es otro que el de colocar a los
parientes, amigos y, sobre todo, a aquellos de los que cabrá esperar una
lealtad férrea” (2). La ley implantó un sistema de botín donde “se garantiza la
permanencia de la relación de empleo mediante la degradación de las pruebas de
selección de personal. El sistema es de sobra conocido: basta con sustituir las
pruebas de las oposiciones tradicionales con otras que pueda superar cualquiera,
permitiendo al tribunal elegir al que quiera”.
¿Qué
compromisos inconfesables existen entre Rajoy y Ana Mato, que ni siquiera sabe
el origen del lujoso automóvil que tiene su marido en el garaje ni quién paga
las fiestas de cumpleaños de su hijo?
“Si
en los procedimientos para selección de PERSONAL el objetivo es permitir el
acceso de los adictos, en los de provisión de medios materiales el objetivo no
es otro que nutrir las cajas de los partidos y el patrimonio del político de
turno, adjudicando contratos al que está dispuesto a colaborar. El camino es
paralelo: aumentar la discrecionalidad. Los supuestos en que es preceptiva la
subasta se reducen a favor del concurso-subasta, los de concurso-subasta a los
de concursos. Y, por último, se aumentan los de adjudicación directa. Todo ello
relegando en lo posible las funciones de la Intervención”. “Quizás –y sin
quizás– , la impunidad de la corrupción y en general de los actos delictivos de
los políticos tienen su causa en los privilegios que gozan.”.
José
L. Lobo explicó ayer aquí cómo en el CNI el 75% de los empleados son ¡hijos, nietos
y sobrinos de espías!, un nepotismo y una degradación profesional y moral
inimaginable. Y esto no es la excepción, es la regla. Aunque, pensándolo bien, nada
tiene de extraño que el centro del espionaje tenga la misma naturaleza que lo
espiado. ¡Si alguien cree que esto es un país y no una cueva de ladrones, que
se haga un chequeo cerebral!
*Antonio
García Trevijano es pensador político
(2)
Todos los entrecomillados corresponden al análisis sobre la situación de la
Función Pública en España realizado por el Académico de Número Excmo. Sr. D. Jesús
González Pérez, bajo el título de Ética en la Administración Pública
Leído en: http://blogs.elconfidencial.com/economia/el-disparate-economico/2014-10-13/no-soportamos-la-situacion-de-espana_236691/
