Uno de los hechos más relevantes que la crisis ha
permitido poner de manifiesto es las complicidad de muchos economistas con los
grandes poderes financieros. Es verdad que eso era algo que se había dado
siempre, pero en estos últimos años se ha hecho tan explícito que cada vez más
gente se da cuenta de que tras muchos sesudos análisis de sofisticados economistas
no hay más que superchería para que los grandes capitales ganen dinero.
Vicenç Navarro y yo hemos de denunciado en nuestro
último libro conjunto (Lo que tiene que saber para que no te roben la pensión. Espasa Libros. Barcelona 2013)
que las entidades financieras vienen encargando desde hace años informes
catastrofistas sobre el futuro de las pensiones públicas a economistas que
erraban una vez tras otra en sus cálculos. Denunciamos allí con los datos por
delante que entidades que se suponen que son muy cuidadosas con el dinero lo
han tirado por la ventana pagando a economistas que nunca, absolutamente nunca,
han acertado en sus previsiones. Obviamente, porque lo que buscaban de ellos no
era un conocimiento riguroso y veraz de la realidad sino mentiras que
confundieran a la gente y les permitieran mas fácilmente quedarse con el ahorro
de millones de familias y colocar sus productos financieros.
Pero si el comportamiento de los bancos que han
recurrido a economistas tan desacertados es vergonzoso, mucho más los es,
naturalmente, el de estos últimos, que no han tenido problema para ponerse al
servicio de amos tan poco escrupulosos.
En estos últimos años de crisis también se ha
descubierto el papel igualmente cómplice y culpable de los economistas que se han
dedicado a decir que el incremento continuo de la deuda y la especulación en
los mercados financieros no representaba ningún problema. Es lo que han dicho
en España economistas como Jaime Caruana cuando era gobernador del Banco de
España (a quien ahora le han pagado su vergonzosa complicidad con los bancos
privados nada menos que con la dirección general del Banco Internacional de
Pagos), y lo mismo que él otros directivos, solo para que los bancos pudieran
seguir haciendo un negocio irresponsable que nos ha llevado a donde ahora
estamos.
En los medios de comunicación es constante la
presencia de predicadores empeñados en hacerle creer a la gente que para crear
empleo hay que bajar salarios y acabar con los derechos laborales y sociales,
que el gasto social es el que ha provocado la deuda y todo ese tipo de falacias
que otros economistas críticos han demostrado claramente que son falsas pero
que no pueden difundir en las mismas condiciones de privilegio que los
neoliberales tienen en los medios y en todo tipo de tribunas.
En fin, en estos años se ha hecho evidente la gran
razón que llevaba el profesor José Luis Sampedro cuando decía que “hay dos
tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los
que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres”.
Pero en los últimos días se está comprobando además
que los economistas que actúan al servicio de los grandes poderes no lo hacen
precisamente por amor al arte. Entre las personas (que omito calificar como
quisiera hacerlo) que se han descubierto utilizando a mansalva las tarjetas de
Caja Madrid se encuentran algunos economistas (supongo que habrá más con esta
titulación pero me refiero a los que me parecen de presencia más significativa)
cuya presencia en un listado de esas características es reveladora.
Me refiero principalmente a Rodrigo Rato, Alberto
Recarte y Juan José Iranzo. Al primero de ellos no hay que presentarlo. Es el responsable directo de los cambios que
dieron lugar a la burbuja inmobiliaria en España, bien liberalizando el suelo,
bien estableciendo el régimen fiscal favorable al endeudamiento que incentivó
que se generase la bola de deuda privada que nos aplasta, protegiendo siempre a
los grandes bancos y empresas como las que ahora le dan millonario cobijo en
sus consejos de administración. Su defensa a ultranza de la libertad de mercado
y de la austeridad no le impide hacer ascos, como acabamos de ver, al uso
libérrimo del dinero ajeno.
Los dos siguientes son dos conocidos
telepredicadores de la libertad de mercado. El liberalismo del primero y su
férrea y permanente condena de despilfarro público no fueron óbice para
recurrir a la financiación opaca del PP para sacar adelante sus plataformas
mediáticas. Y, como ahora comprobamos, la defensa de la eficiencia y la
austeridad o la condena de gasto público tampoco le suponen barreras para
disponer del dinero de los demás.
Iranzo es otro ejemplo de impostura en grado sumo,
un experto en la combinación del fundamentalismo liberal con la compra con el
dinero de los contribuyentes de lencería, joyas y otros regalos, por cierto
adquiridos casi siempre en horas más bien intempestivas. Además de ser decano
del Colegio de Economistas de Madrid o miembro de la Real Academia de Doctores
(¡se han lucido ambas instituciones) es consejero de diversas empresas y suele
estar siempre presente allí donde se imparte doctrina liberal. Basta ver su
curriculum para comprobar que, como los anteriores, es otro destacado miembro
del establishment económico, financiero, mediático y político español, de una
auténtica oligarquía o casta como ahora se dice cuya existencia niegan quienes,
como estos elementos, hace años que vienen formando parte de consejos, altas
instituciones y demás centros de poder.
No creo que sea casualidad que entre los alegres
usuarios de las tarjetas de marras se encuentren doctrinarios de este pelaje, o
gestores como Estanislao Rodríguez-Ponga, ex Secretario de Estado de hacienda
con Aznar, otro que siempre ha pregonado la imperiosa necesidad de recortar
gastos de bienestar y privatizar para evitar el despilfarro que supone, como
dicen todos los liberales de este tipo, el sector público.
Y no sería justo si a estos impostores no añadiera
a otros que han ido revestido de izquierdismo y con la doctrina marxista
siempre en la boca, como Moral Santín, que fue uno de los grandes urdidores de la trama verdaderamente criminal
en la que se había convertido la gestión de Caja Madrid. Tampoco él ha tenido
empacho en embolsarse 456.500 euros mediante las famosas tarjetas, además de
los otros tantos, o quizá más quién sabe, que cobraba por su pertenencia a los
diversos consejos de los que formaba parte en virtud del pacto que (no sé si él
solo o su formación política) mantenía con el PP en Caja Madrid.
La conclusión que me parece igualmente evidente es
que no solo basta con perseguir a estos impostores. La sociedad debe defenderse
de las patrañas económicas que se difunden constantemente y es imprescindible
que la ciudadanía tenga acceso a un debate profundo, abierto, auténticamente
plural y permanente sobre las cuestiones económicas que le afectan.
Garantizarlo es una cuenta pendiente y un reto principal de cualquier gobierno
realmente comprometido con la democracia.
La Tramoya. Blog de Juan Torres López
