Han sido 438,20 euros, una cantidad irrisoria para el presupuesto en indemnizaciones y pagos en la Administración de Justicia, pero simbolizan mucho más. Son el símbolo del agradecimiento de unas víctimas que llevan décadas luchando contra la desidia del aparato judicial, que siguen intentando recuperar los restos de sus familiares asesinados durante el franquismo y a las que se les han cerrado todas las puertas para obtener una reparación. Acudieron a Madrid desde Barcelona y desde Buenaventura (Toledo) respondiendo a un llamamiento del Tribunal Supremo, que les citó como testigos de la defensa de Baltasar Garzón en el juicio por la investigación del franquismo, y reclamaron el importe de sus respectivos desplazamientos. Pero se les denegó. El abogado de Garzón pidió el importe al exjuez y este se hizo cargo de los 438,20 euros. Pero los testigos se lo han devuelto. “Nunca recibiría dinero que no fuera del Tribunal Supremo, que fue quien me llamó”, dice en una carta doña María, la anciana cuyo testimonio conmovió a los asistentes al proceso.
Enlutada y de pelo cano, María Martín, doña María, de 81 años, entró en el salón del juicio el pasado 1 de febrero empujando un andador. Con la voz ahogada y rota, evocó aquel 21 de septiembre de 1936 en que se llevaron a su madre desde Pedro Bernardo a Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, “y la mataron por el camino”. Doña María describió el lugar donde ella “sabe” que está el cuerpo de su madre, en una fosa cerca de un puente que cruza un arroyo. Todas sus gestiones para recuperarlo han fracasado.
La anciana reclamó la cantidad de 300 euros porque tuvo que desplazarse en taxi al Tribunal Supremo, dada su imposibilidad física, dejando a su marido en casa con un principio de alzhéimer.
Manuel Perona, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Cataluña, reclamó el importe de los 138,20 euros del AVE Barcelona-Madrid, en clase turista. El Supremo lo remitió a Justicia, cuya Gerencia contestó que no procedía reintegrar ningún abono, “al no ser testigos propuestos por el Ministerio Fiscal”. El Supremo reprodujo la negativa sin más contemplaciones.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, escribió al exjuez, que, aunque absuelto de la causa por la investigación del franquismo, ya estaba expulsado de la carrera por las escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel, le pidió los 438 euros y se los giró a los testigos. Ambos, sin embargo, han devuelto las cantidades.
¡Increíble! Se deniegan 438,20 € a unos testigos en un juicio y Carlos Dívar, Presidente del Tribunal Supremo, se gasta 13.000 € en viajes de fin de semana con semana caribeña incluida y otros 15.000 € que parece que también están saliendo ahora a la luz. Este señor debe dimitir ¡YA!, primero por malgastar dinero público y en segundo lugar por faltar a su trabajo sin causa justificada. Este señor es el de las misas diarias y golpes en el pecho, lo que hay que ver. O se regenera la vida pública de este país o no hay forma de salir adelante.
