Hace una semana, mientras usted se tomaba las uvas –y en
Andalucía disfrutaban de un poco de publicidad sorpresiva- España perdió un
trocito de democracia. Alrededor de tres millones de ciudadanos pasaron a ser
diferentes al resto, pese a lo que diga la misma Constitución que nos ampara a
todos, y perdieron su derecho a votar en las próximas elecciones.
El pasado 31 de diciembre, el Gobierno cerró el plazo para
inscribirse en el censo electoral para aquellos españoles que viven en el
extranjero y para los inmigrantes empadronados en España y que tienen derecho a
votar a los alcaldes que rigen sus destinos locales.
En RTVE, tan aficionada a mostrarnos las mansiones y buen
vivir en el extranjero de unos pocos españoles privilegiados -quizá como un
señuelo para que el éxodo continúe y el paro baje- no se ha visto ni oído un
aviso al respecto. Algo que en una televisión pagada por todos habría sido más
de “servicio público” que sus alabanzas a la homeopatía.
Tampoco el Gobierno, con tantos canales como tiene para
vender la recuperación, ha dado un mínimo aviso a sus ciudadanos exiliados. Y
es lógico, porque los datos deben asustar en Moncloa: en los años de la crisis,
el éxodo ha crecido un 45%. Unas 700.000 personas han hecho las maletas para
buscarse la vida, que se suman al más de millón de españoles que ya vivían en
el extranjero. Y muchos de ellos, además de no salir en Españoles por el Mundo,
están muy enfadados.
Con una treta similar, en las pasadas elecciones europeas en
que Podemos dio la campanada y los dos grandes partidos se hundieron, la
participación de los exiliados españoles fue del 1,84%. El resto fueron casi
dos millones de votos que pasan a engrosar las filas de la abstención, que ya
se sabe a quién beneficia. Con la mitad de votos, Pablo Iglesias ha puesto
patas arribas el sistema.
A estas alturas, lo de actuar a hurtadillas y en época de
vacaciones no debería sorprendernos. Lo han hecho con el censo electoral, pero
también con su reconocimiento de que seguirán subiendo los impuestos, las
comparecencias de Rajoy sobre su amistad con Luis Bárcenas o el rescate de los
bancos. Pero más allá de lo estético, está la legalidad. Porque la ley
electoral señala que el censo se cerrará “el día primero del segundo mes
anterior al mes de la convocatoria”.
Esto obligaría al Gobierno a convocar las elecciones
municipales en febrero si no quiere cometer un delito electoral, mientras que
Rajoy aún no ha nombrado ni un solo candidato, para crispación de Esperanza
Aguirre y el resto de barones. Lo que nos puede deparar un montón de escenas de
vodevil de la lideresa madrileña y, sobre todo, obligar a Rajoy a hacer lo que
más odia: tomar decisiones.
Marcos Paradinas es redactor jefe de ELPLURAL.COM
Blog El Día de la Marmota
En Twitter es @mparadinas
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