El ignorado artículo publicado en varios periódicos económicos alemanes sobre la situación real en España.
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los
gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios,
y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas
financieras a España o a su sistema bancario.
En los dos lados se ha elevado el tono en los
últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que
va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12,
sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para
los alemanes.
En Alemania crece la crítica contra la supuesta
“mentalidad de fiesta” de los españoles;
en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la
canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que
presentan ambos gobiernos y la mayoría
de los medios.
España no es Grecia, pero España puede ser un
paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus
verdaderos problemas. España no debería recibir más dinero sin que se cambie a
fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política
aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la
participación ciudadana real en las decisiones políticas.
Para no perpetuar la crisis y endeudar a los
españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la
administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría
en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el
modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque
las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos
tercios del gasto público, 234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011,
excluyendo la Seguridad Social, 23.000 millones, y este gasto se realiza en
condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en
consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos, un
60 % de la población ocupada gana menos de1.000 euros/mes, pensiones demasiado
altas, la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE, 15 o
pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España
tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene
grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de
primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de
Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una
oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y
económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En
España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni
los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen
en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20%
del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además,
detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros
posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y
fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones
de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba
de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y
además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha
utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la
UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que
la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones: Ya el caso de
Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un
control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente
representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora
el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más
en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en
Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden
eliminar.
Además, los casos de corrupción resultan tan
escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una
conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria, imputado
también por corrupción urbanística en Canarias, acusó al ministro de Hacienda
en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de
renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de
estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones
anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo
absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de
corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes,
con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios
meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV
regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que
emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y
colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna.
En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al
11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo,
corrupción y falta de transparencia. Y con esto se tiene que acabar, entre
otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas
conocidos la pasada semana son escalofriantes.
El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del
PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del
6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos).
Pero lo realmente inaudito es que España está
gastando el doble de lo que ingresa: 101.000 millones de gasto a julio frente a
52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro
de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la
consolidación fiscal. El tema del déficit público es algo que roza la ciencia
ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos
gobiernos de España.
En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el
déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno
dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se
tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se
dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a
Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran
erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%. Sin
embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado
y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo
que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las
otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo
único que sabemos es que están todas infravaloradas.
El déficit real de 2011 puede estar por encima del
11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el
Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de
convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene
todavía muchos déficits de representatividad
y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a
Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto
es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas,
a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan
Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema
oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora
muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania.
Esa situación nos ha llevado a una distribución de
riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media
española está siendo literalmente aniquilada. Resumiendo: no es una falta de
voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de
Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es
un sistema corrupto e ineficiente.
La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones
para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos
problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política
incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en
Madrid y economista.