Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador
norteamericano David Spengler publicaba una carta abierta en The Asian Times
dirigida a su persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y
explicaba las razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la
corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las administraciones
territoriales, donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que
implica una asignación del grueso de los recursos públicos (45 % del PIB) en
forma tan disparatada e ineficaz que supera todo lo imaginable. Adicionalmente,
según el Dr. Spengler, el Gobierno miente en todo: sobre su situación
económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya
inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus
afirmaciones –que tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad
inaudita de las cifras oficiales-, España no sólo es salvable es que ni
siquiera necesitaría la intervención, sólo necesita la supresión del sistema autonómico,
que representa un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros,
equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la oligarquía política se opone
radicalmente a desmontar esta gigantesca estructura que ha levantado en su
exclusivo beneficio y escapa a las manos de los españoles el poder de cambiar
este expolio de proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y
ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo
cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos
porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50%
hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco
pueden pagar los vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que
el Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total -no solo la computable-
del 118 % del PIB oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones
y unos intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha superado
el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder
más cualificada de Occidente tiene el poder de acabar con una situación que
supondrá la ruina, no solo de España sino tal vez el fin de la zona euro. Y
para evitarlo bastaría exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma
radical de las instituciones territoriales responsables de los dos tercios del
gasto público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente,
que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones,
sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y
recortar pensiones y mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de
empleados públicos inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las
familias y mantener intacta la improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los
españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona, España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente poco cualificado y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene coraje, ni tiene un plan, ni intención alguna de tenerlo, toda su gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos, junto con el aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una oligarquía, España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por habitante que la UE, de intereses comunes y nunca como partidos nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17
autonomías territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a
la realidad objetiva de España.Estas autonomías, cuyas competencias más que
duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con el que la
oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y correligionarios,
creando para ello, el equivalente a 17 miniestados con todos los órganos propios
de una nación, desde 17 Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en
pérdidas), 23 Universidades sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos
con 300 pasajeros/mes, pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A
ello se unen 8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con
niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de
Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco
veces más que los grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de
euros en dotarse de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de
madrileños vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y
ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público. Primero colocaron a
decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de
empleados públicos nombrados a dedo, causa principal del brutal nivel de
desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el
sector privado, y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían
hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa
telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas
amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también
del modelo de Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta
el año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las clases
humildes españolas durante casi dos siglos y que se convertirían en botín
preferido de los Presidentes autonómicos, que impondrían a personas políticas
afines no profesionales al frente de las mismas, al objeto de poder disfrutar
de un poder económico casi ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates
más inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente
corruptos, interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes
autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de España
primero y la ocultación de la realidad de sus balances después, financiarían
los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con las grandes obras
públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de estas instituciones
bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas sellarían un pacto de
silencio para que ninguno de los responsables de tamaña catástrofe fuera
procesado. La última acción al respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de
acuerdo con el PSOE, al no destituir al Gobernador del Banco de España por
grave incumplimiento de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a
un nivel de endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más
elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella,
la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud absolutamente
irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin control alguno para financiar
el gasto corriente y los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a la
economía productiva, lo que arruinará España para varias generaciones. El
rescate bancario ha sido de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad
–la real es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35% y no
se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados
comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a
su vez se endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la
actuación simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables
y cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se
hace en forma indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación,
reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los
focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000 políticos, parásitos
sociales en su mayoría, que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un
desastre histórico y la miseria y el hambre para millones.
Es por ello Sra. Canciller, que como única persona
que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirle
que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica
que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un
gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el
endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo,
mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas
consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi
inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los
privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la
Universidad Politécnica de Madrid
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